12 de abril de 2024
Nacionales

Un mes de Milei: 30 días frenéticos para la economía

La gestión económica del primer mes de Javier Milei como Presidente  se caracterizó por lo que él mismo había anticipado antes del 10 de diciembre: aplicar una política de «shock»  para lograr el equilibrio de las cuentas públicas. Pero a solo 30 días de aquella fecha, aún no queda claro si el líder de La Libertad Avanza podrá, precisamente, avanzar con lo que se había propuesto.

«Yo hice lo que tenía que hacer. Mandé el programa de shock, bien ortodoxo, con un ajuste fiscal y con un saneamiento del Banco Central»: así resumió Milei los primeros días de su programa económico, en una entrevista que concedió durante el último fin de semana.

El vértigo de estos días de verano en los cuales el Presidente quiere comenzar a consolidar su «revolución libertaria» se pueden resumir –a nivel económico- en los siguientes puntos:

Las medidas que anunció Caputo

Apenas dos días después de la asunción de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de medidas para reducir el déficit fiscal.

Así, dispuso una devaluación del 54% del tipo de cambio oficial; un aumento provisorio del impuesto PAÍS a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias»; no renovar los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia y suspender por un año la pauta publicitaria.

También, se reformularon Ministerios y Secretarías; se reducirán al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias; no se va a licitar obra pública nueva;  bajarán los subsidios al transporte y la energía; se eliminarán las retenciones «finalizada la emergencia» y dejaron de tener vigencia las SIRA en materia de importaciones.

DNU y ley «ómnibus»

El 20 de diciembre, Milei anunció los alcances de un Decreto de Necesidad y Urgencia que entró en vigencia el 29 de ese mes y recibió una catarata de amparos que intentan frenarlo. Entre numerosas cuestiones,  ese texto puso fin a numerosas regulaciones en materia económica y financieras, habilitó la privatización de empresas públicas y estableció una reforma laboral y del sistema de salud.

Una semana después, el jefe de Estado envió a la Cámara de Diputados el proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», en donde se plantea declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Esa iniciativa comenzó a ser tratada en la Cámara de Diputados.

FMI

Durante el último fin de semana, comenzaron las reuniones entre el Gobierno y una comitiva del FMI que viajó a Buenos Aires para reflotar el acuerdo y destrabar el desembolso de fondos.

La misión del organismo, integrada por Luis Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, y  Ashvin Ahuja, jefe de misión para la Argentina, extendió su visita al país hasta este miércoles.

Ambos ya se encontraron con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en la Casa Rosada. La intención del Poder Ejecutivo es poder destrabar el giro de US$3.000 millones que quedaron pendientes desde noviembre, ya que por el proceso electoral las metas acordadas con la administración anterior fueron incumplidas.

A fines de enero, el Gobierno debe pagarle al FMI un vencimiento de capital por US$1.950 millones, mientras que en febrero debe hacer frente a otro, en este caso de intereses, por US$850 millones.

Tarifas y subsidios

Las tarifas para usuarios residenciales de gas en todo el país se duplicarían desde el mes que viene si prospera la solicitud de readecuación de los montos que presentaron las empresas distribuidoras y transportadoras, en el marco de una la audiencia pública que organizó el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

En esa audiencia, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anunció un nuevo esquema  de subsidios en las tarifas de gas y electricidad, que se aplicará desde el 1 de abril.  Desde esa fecha, se tomará en cuenta el ingreso total del grupo familiar y una «canasta básica energética» para cada zona del país. Esos indicadores determinarán el monto de la asistencia estatal para cada tipo de hogar.

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